El Gobierno de Venezuela calificó este sábado de "arbitraria" la detención del empresario colombiano Álex Saab, quien está acusado de ser testaferro del Presidente Nicolás Maduro y que fue arrestado el viernes por la noche en un aeropuerto de Cabo Verde.

A través de un comunicado de la Cancillería, el Ejecutivo de Venezuela dijo que tuvo "conocimiento de la detención arbitraria del ciudadano venezolano Álex Saab por parte de la Interpol" y destacó que su arresto es un hecho "violatorio del derecho y de las normas internacionales" que "se corresponde con una de las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano".

Saab, un agente de Venezuela

Asimismo, aseguran que Saab se encontraba "de tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica" en su condición de "agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela".

Saab tenía como objetivo "realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos" para el programa gubernamental de comida susbsidiada de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), así como de medicamentos, insumos médicos "y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del Covid-19".

También explican que en su detención se violaron todas las normativas y procedimientos puesto que "no existía código rojo vigente", una orden internacional utilizada por la Interpol para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición.

Según el comunicado del Gobierno, la Interpol emitió "una extemporánea orden de captura para justificar la detención".

Apelan además a que no se consideró "la inmunidad diplomática que el derecho internacional le concede a un agente de un Gobierno soberano".

Saab, de nacionalidad colombiana y ascendencia libanesa, tenía una alerta de Interpol debido a "la acusación en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero" contra Saab, precisó a EFE una portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.

Venezuela defenderá sus derechos

El gabinete venezolano dijo que ha emprendido "todas las gestiones correspondientes por la vía diplomática y legal para garantizar los derechos humanos" de Saab, así como "su inalienable derecho a la defensa".

Asimismo, apeló a "la amistad y las relaciones de respeto" históricas entre el Estado caboverdiano y Venezuela y pidió que se deje en libertad a Saab, así como "que se facilite su regreso protegiendo sus derechos fundamentales, a partir del debido proceso".

El anuncio de su detención se produjo cuatro días después de que la Fiscalía de Colombia impusiera medidas cautelares con fines de extinción de dominio (expropiación) a ocho inmuebles de Saab que, presuntamente, hacían "parte del patrimonio ilícito" que constituyó el empresario "a través de operaciones financieras irregulares".

Según el ente investigador colombiano, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están ubicados en la ciudad caribeña de Barranquilla.

La exfiscal Ortega lo acusa de ser testaferro

El nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los CLAP.

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que, con los CLAP, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con "cientos de millones de dólares".

Las autoridades de EE.UU. también presentaron cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otras personas para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.

EFE